RRC/Washington: La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo el 27 de junio de 2025 que respalda parcialmente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, restringiendo la capacidad de jueces federales individuales para emitir medidas cautelares de alcance nacional que bloqueen esta política. La decisión, con una mayoría conservadora de 6 a 3, no aborda la constitucionalidad de la orden, que busca negar la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes indocumentados o con visas temporales, sino que se centra en limitar el poder de los tribunales inferiores para imponer bloqueos a nivel nacional.
La orden ejecutiva, firmada por Trump el 20 de enero de 2025, establece que solo los bebés con al menos un progenitor ciudadano o residente permanente legal recibirían la ciudadanía. Esto ha generado controversia, ya que la 14ª Enmienda de la Constitución garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense, un principio reforzado por el caso United States v. Wong Kim Ark (1898). Los tribunales inferiores en Maryland, Massachusetts y Washington habían bloqueado temporalmente la orden, considerándola inconstitucional.
El fallo permite que la orden entre en vigor en 30 días en los 28 estados que no han impugnado la medida, aunque no resuelve su legalidad definitiva, dejando abierta la posibilidad de futuros desafíos legales, como demandas colectivas. La jueza Amy Coney Barrett, autora de la opinión mayoritaria, argumentó que las medidas cautelares universales exceden la autoridad de los tribunales federales, mientras que la jueza Sonia Sotomayor, en un voto disidente, calificó la decisión como una «farsa del estado de derecho» y advirtió sobre su impacto en la constitucionalidad.
Según el Migration Policy Institute, unas 255,000 personas al año podrían verse afectadas. Los detractores, incluidos estados liderados por demócratas y organizaciones como la ACLU, sostienen que la orden viola la 14ª Enmienda y que el presidente carece de autoridad para alterar un derecho constitucional mediante una orden ejecutiva. La batalla legal continúa, con posibles impugnaciones futuras que podrían abordar directamente la constitucionalidad de la medida.
